jueves, 16 de febrero de 2012


Parados con prestación podrán trabajar para la comunidad

La reforma laboral decretada hace unos días por el gobierno de España permitirá que parados con derecho a prestación puedan realizar servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios con las Administraciones Públicas. Dicen que como medida para combatir el fraude.

Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en enero de este año la cifra de parados se situaba en 4.599.829 personas. [Según la Encuesta de Población Activa, el número de parados en el cuarto trimestre de 2011 ascendió a 5.273.600 personas]. El ministerio también indica que los beneficiarios de prestaciones por desempleo en el mes de diciembre de 2011 ascendieron a 2.927.098. Como el paro subió de diciembre a enero en 177.470 personas, eso significa que en diciembre el número de parados era de 4.422.359. Por lo tanto, 1.495.261 parados no estaban cobrando ninguna prestación en diciembre.

¿Cómo explica el gobierno a estos parados sin prestaciones que ofrecerá trabajo a parados que ya están cubiertos por algún tipo de prestación? Porque al final, según la reforma laboral, parece que hay trabajo pero que no hay dinero para pagar salarios. Solución que se ha buscado: aprovechamos a los vagos –perdón, parados- que están cobrando por la cara y cubrimos puestos necesarios. ¿Algo similar es lo que pedía para bibliotecas hace unos días Ana Botella, no? Parece que se ha salido con la suya.

martes, 7 de febrero de 2012


El bachillerato de Wert

La propuesta del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de concluir la ESO en tercero y añadir un curso a bachillerato y a FP, y pese a ello, mantener la escolaridad obligatoria a los 16, es más una ocurrencia que una reflexión medianamente meditada. El alumnado deberá cursar primero de bachillerato o de FP aunque luego no desee continuar ni con el primero ni con el segundo. Hace unos días, me comentó una excolega de profesión –ex, porque he sido yo maestro- que se hacía cruces del anuncio.

Hete aquí los motivos: con el sistema actual, los estudiantes de la ESO pueden obtener el título y, bajo el amparo de la ley, trabajar a partir de los 16 (si hubiera faena, se entiende). Con este mismo modelo, sin embargo, ya hay alumnos que no acaban la ESO y optan por ir a trabajar –al paro, quería decir- cuando cumplen la edad legal, con independencia del curso en el que estén. ¿Imaginan ustedes cómo es el día a día de algunos profesores y estudiantes en una clase donde hay alumnos que esperan a cumplir los 16 años para abandonar la ESO? ¿Imaginan la consiguiente repercusión negativa para quienes desean aprovechar los estudios? Pues ahora imaginen clases de primero de bachillerato y de FP ideadas por Wert.

En estas coexistirán –que no convivirán- alumnos que quieren aprovechar FP o bachillerato con alumnos que sólo deseaban obtener el título de la Secundaria obligatoria –sin ir más allá- y con aquellos que ni si quiera anhelaban lo anterior. Estos dos últimos grupos deberán esperar hasta que cumplan la edad legal para poder trabajar –sean meses, un curso o un año-, en una etapa educativa que –y ellos lo saben- de antemano nadie les obliga a superar. Ahora, por lo menos, todo el alumnado de la ESO tiene el aliciente del título. Espero que en la propuesta del ministro haya más de globo sonda que de ocurrencia.

viernes, 3 de febrero de 2012


La huelga general de Rajoy

“La [reforma] laboral me va a costar una huelga [general]”, le espetó Rajoy a su homólogo finlandés hace unos días en el Consejo Europeo. El presidente del Gobierno avanza con esta declaración presentada como si fuera privada que las medidas serán de gran calado y perjuicio para muchos -ya saben ustedes sobre todo para quién-; tanto, que asume que deriven en una huelga general. Pero sospecho que espera que al generar tales expectativas de dureza, cuando se difundan las medidas, no tengan el impacto negativo esperado por las perspectivas creadas y contrarresten la hipotética convocatoria de una huelga general. Bien para tratar de abortarla, bien para disminuir su seguimiento en la medida de lo posible. Intenta matar así dos pájaros de un tiro: frenar las críticas a la reforma laboral y desactivar, en mayor o menor medida, una hipotética huelga general. Esto claro, si como creo, dijo lo que dijo a sabiendas que había cámaras y micros “espiando”.

Cabría interpretar otra lectura, complementaria a la anterior. A saber: como Rajoy prevé la hipotética huelga y la tiene asumida, manifiesta que ésta no dañará su imagen política como para revocar la reforma y, por lo tanto, seguirá adelante con ella sin temblarle el pulso. Buscaría de este modo otra vía para desactivar la huelga inexistente de la que hablamos: “Tanto si se convoca una huelga general como si no, tiraré adelante la reforma. ¿Para qué convocarla, entonces?”, vendría a ser la lógica subyacente a la que me refiero. Si tal razonamiento estuviera detrás de la sentencia, Rajoy sugeriría, además y en ese supuesto, que una huelga general no sirve para nada, que se trata solo del consabido “derecho a la pataleta”, de calderilla, de un peaje a pagar que no comporta mayores complicaciones. Pero eso un político jamás lo afirmará a la primera de cambio, públicamente y de forma literal. [¿Lo piensan así muchos, políticos o no?]

En ambos supuestos, le podría salir el tiro por la culata. Hay vida más allá de una huelga general. A lo mejor, el cálculo resulta erróneo y la reforma laboral levanta más ampollas de lo previsto. Puede haber más de una huelga general, puede haber una indefinida o puedes saltar del gobierno el presidente. Claro que todo esto es muy especulativo, pero la primavera árabe en la ribera sur del Mediterráneo aún no ha acabado y en la costa norte no sería un presidente la primera víctima de la crisis (Rajoy mismo está en el poder por ella).

¿Y si Rajoy creía de veras que sólo hablaba para el colega escandinavo? Entonces todo lo anterior se va prácticamente al garete. Aun así, no deja de demostrarse cierto relativismo en cuanto al poder efectivo que Rajoy cree que ostenta una huelga general. Tiene muy asumida la huelga y el malestar, pero no hay nada que hacer porque dice actuar por el bien de España. En la opción de que pensara que nadie excepto su colega le escuchaba, cabe también el extremo y la cínica posibilidad de que, hoy día, todo político que se precie necesita superar huelgas generales para aumentar prestigio, firmeza y renombre ante los suyos y el exterior. O bien, que pretenda presentarse como víctima para congregar la conmiseración de colegas. Esto me parecería mucho más probable que lo anterior.

Todavía se me ocurre, y ya acabo, que, en realidad, Rajoy se pronunció sobre la reforma laboral y la hipotética huelga general para sondear a la opinión pública, y así obtener nuevos datos y anunciar con mayor seguridad la reforma laboral. En política como en otros campos, se arrojan globos sonda para tomar el pulso a la opinión pública, para adueñarse de ideas o maquillarlas, o para conocer de antemano críticas con el fin de refutarlas mejor.

Añadir nada más que pudiera ser que Rajoy lanzara su reforma tan convencido que no le importara que le fuera el cargo en ella (pero esto es improbable porque le protege la mayoría parlamentaria y porque no sopesa arribar a ese extremo) ...Pero sólo de una reforma laboral no tiene por qué nacer una huelga general u otras consecuencias.

De buen seguro, que hay más hipótesis pero ya me he cansado del juego.

sábado, 21 de enero de 2012


Linchamiento y juicios paralelos

Los juicios paralelos y los linchamientos están a la orden del día en la sociedad. A veces, parece que muchos de nosotros, al dar con algún hecho a primera vista abominable, nos veamos con el derecho y el deber de destilar bilis por la boca o el teclado a diestro y siniestro sin esperar demasiado a contar con más datos y puntos de vista. (Esto me da que pensar en la cantidad de ira reprimida –o energía, llámela como guste- que albergamos algunos y la consiguiente necesidad de airearla a la primera de cambio).

Los supuestos delitos de Urdangarín y la actitud del capitán del crucero “Costa Concordia” son dos buenos ejemplos de linchamiento reciente (con razón o sin ella). En el primer caso, como ya comenté en un texto anterior, el Rey mismo dio pábulo con la declaración de “comportamiento no ejemplar”. En el segundo, las manifestaciones del capitán y algunas revelaciones han sido claves. El capitán Francesco Schettino ha ofrecido suculentas declaraciones para alimentar la teoría de negligencia o incompetencia en sus funciones como máximo responsable del navío. En una de ellas, había afirmado –cuentan los medios- haberse caído en un bote salvavidas (¡manda huevos!, que diría Trillo).

Opinar todos somos libres de hacerlo, como no, pero deberíamos siempre colocar la opinión en cuarentena a la espera de conocer todas las informaciones -cosa harto difícil, lo sé-, pero, ya digo, por lo menos, remarcar una y otra vez que se trata de una opinión basada en los datos con los que hasta en ese momento se dispone. La juez que investiga el hundimiento afirma, por ejemplo, que Schettino dejó el transatlántico cuando quedaban cien pasajeros y no antes que nadie, como se había apuntado al principio. No sería la primera vez que, a la postre, el supuesto culpable resulta inocente tras haberlo sometido la opinión pública a escarnio público. Que no afirmo que sea este el caso pero tampoco lo niego. (Recuerden a Rocío Wanninkof). Incluso el Rey dijo “comportamiento no ejemplar” refiriéndose a los supuestos tejemanejes del yerno, y no “ilegal”. Quizás en el naufragio del “Costa Concordia” no haya solo un único responsable. Razones para exhibir mala leche las hay de sobras y no necesitamos espitas ocasionales.

jueves, 12 de enero de 2012


Casilla para la ciencia


Desde hace unos días corre por la red la idea de instaurar en la declaración del IRPF una casilla para donar el 0,7 de los impuestos a la ciencia, de modo análogo a como ahora ya existe para la Iglesia o para fines sociales. La iniciativa la ha lanzado el joven físico Francisco J. Hernández a través de su blog Resistencia Numantina y, aunque reconoce que había propuestas anteriores, también que la ideó de forma independiente. Pero ha sido a través de la web actuable como se ha puesto en marcha una recogida de firmas para hacer realidad la casilla para la ciencia. En el momento de publicar este post se cuenta con el respaldo de casi 70 mil personas. 

Entre las críticas a la casilla para la ciencia, se aduce primero que la inversión en investigación no debe ser tratada a base de limosnas sino que el desembolso debe ser estructural, y que con la iniciativa se podría proyectar la imagen contraria. Y segundo, que, puestos a pedir, por qué no más casillas para otros campos: educación, sanidad o deportes, por ejemplo.

[Bien es conocido por todos que a España cada verano acuden cientos de niños saharauis. Hay quien critica también este proyecto porque arranca a los críos de su mundo para colocarlos en otro muy distinto al suyo con mejores condiciones de vida, para después hacerles volver a la cruda realidad. (Por cierto, dudo que ellos lo vean así, ya que a finales de agosto desean volver a sus hogares con sus familias, lógicamente). De todas formas, ¿a quién le amarga un dulce? Sin duda que habrá excepciones, pero unas vacaciones son unas vacaciones].

De tanto en cuanto, aparece también el debate de si las ONG deberían suplir al Estado en las funciones sociales que acometen. Nunca he oído ese argumento contra la Iglesia. Porque, ¿qué es preferible: parchear el barco o dejar que naufrague? Y además, una cosa no excluye a la otra: que los Presupuestos Generales del Estado incluyan asignaciones para la ciencia no es óbice para que iniciativas como la de la casilla para la ciencia arrimen el hombro, como tampoco es un contraargumento que, a este paso, podrían aparecer casillas para otros sectores: educación, comunicación, sanidad… ¿Por qué no? Más democracia. De igual forma, tampoco nadie ha tildado nunca de anecdótica la casilla para la Iglesia, aunque sí de prerrogativa. Así, quizás, dejaría de ser la única privilegiada.

martes, 10 de enero de 2012


Tarjetas T-10 del metro de Barcelona más baratas

La web Promobilletes vende tarjetas de diez viajes del metro de Barcelona más baratas que la propia TMB -en algunos casos a mitad de precio, aunque la página anuncia cuando publico estas líneas que esa oferta en concreto está agotada-. Este año TMB había subido un euro el coste de la tarjeta más empleada, la T-10, hasta alcanzar 9,25 euros, y después plantearon una congelación de sueldos a sus 4.200 trabajadores si no querían hacer frente a un ERE temporal.

Que yo sepa, los pilares de la economía española han sido la construcción, el turismo y el consumo interno. Precisamente el retroceso de la primera y el último –parece que el turismo se recupera- hicieron específica la crisis en España. Una de las lecciones que extraigo –ya digo, una de ellas- es que convendría aumentar dichos pilares. A más patas, más sostén para la economía, menos probabilidades de cojeras posteriores. ¿Pero cómo hacerlo? Investigando e innovando. La intuición y la lógica nos conducen a esa conclusión. Pero además hay datos empíricos. En plena crisis, el empleo aumenta un 2,7% en las empresas españolas que más invierten en innovación, subtitulaba el diario Público hace unos días.

En fin, que nadie niega que para dar con nuevos filones hay que investigar y desarrollar, como tampoco nadie niega que, nepotismo, amiguismo y enchufismo aparte, a una mayor educación de calidad se incrementa la posibilidad de acceder a mejores puestos (aunque ahora en España el problema de fondo es que, sencillamente, no hay trabajo). Tanto la inversión en I+D+i como en Educación por parte del Estado –comunidades incluidas, por supuesto- ha descendido considerablemente en los últimos años. Ni pan para hoy ni para mañana. España eterniza problemas. Pero sospecho que hay que mirar por los cuatro años de legislatura y no más allá.

Dos ingenieros de la UPC están tras la idea de las tarjetas más baratas. ¿Cómo lo hacen? “Simplemente”, porque a los compradores les adjuntan publicidad en los envíos de las tarjetas. Ellos adquieren los billetes a precio normal, relatan en el El País. También dice la noticia que la Autoridad Metropolitana del Transporte conocía el negocio y estudia si es legal. No lo sé seguro, pero en principio a mí me parece que sí. AMT tendría que haber estudiado –innovado, investigado y desarrollado- antes. Pero no, subieron precios primero y plantearon ajustes después. Ahora, a los dos ingenieros, que les pongan palos en las ruedas y que se marchen con la idea a la Conchinchina. Fuga de cerebros y a rasgarnos las vestiduras.

jueves, 29 de diciembre de 2011


¿Y después de la monarquía, qué?


¡Es tan fácil arremeter contra el Rey en estos momentos! ¡Si es que lo ponen a huevo! Urdangarín ha sido imputado. El rey Juan Carlos hace tiempo que le ha condenado.

La infanta Cristina, pese a ser titular junto al duque de Aizoon, empresa que se apropiaba de dinero desviado por el Insituto Noos, no figura como imputada. ¿Por qué?, que se preguntaría Mou en tono retórico y para zaherir. El juez Castro debería aclarar por qué a uno se le acusa y a la otra no, al igual que debería clarificar los motivos por los que tampoco se imputan a la Infanta y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, si formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006. El magistrado aduce que porque no pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones. Confiemos en el juez. Pero hay otro dato intrigante. La monarquía, que se olía las artimañas desde hacía años, encubrió los hechos. ¿No es delito el encubrimiento? Y el PP y el PSOE ovacionándola como nunca en el Congreso en el estreno de la décima legislatura.

Para colmo la Casa del Rey, en un intento de salvaguardar su imagen, difunde en qué se gasta la partida asignada por los presupuestos. ¿Qué me importan a mí los emolumentos del Rey, el Príncipe o las Infantas? Me importa el caudal total que cuesta la monarquía al erario público. No sólo los 8,4 millones… Algunos medios apuestan a que la suma global asciende a los 60 millones al año.

Si la Corona no existiera, el sector público se ahorraría esos 8 millones y pico más el gasto que suponen los casi 500 funcionarios que trabajan para el monarca pero cuyo sueldo depende del ministerio de Presidencia (solo las nóminas de 18 altos cargos las paga el Rey de su partida), así como el material de oficina (1,7 millones), los gastos en seguridad, coches oficiales y chóferes, y viajes y visitas oficiales. Claro que habría que restar los costes de Palacios y otros edificios que aunque los usan los monarcas no son de su propiedad sino de Patrimonio Nacional y que, por lo tanto, su manutención continuaría corriendo a cargo de las cuentas públicas.

Me imagino que en los tiempos que vivimos de estafa generalizada –la también llamada crisis- el Rey y los más fervientes servidores –o vividores- saben que el caso Urdangarín no hace ningún bien no ya en los detractores de la Corona – ya que éstos no necesitan de escándalos para rechazar la monarquía como forma de gobierno en España- sino en sus seguidores, hartos de corrupción y de fraude fiscal por doquier. Si el Rey o su sucesor continúa ejerciendo de jefe de Estado en los próximos años, debería ser solo si el pueblo español –si es que existe tal pueblo- así lo manifiesta. Y, supongo, que el referéndum es la mejor herramienta.

Harina de otro costal es dirimir qué vendría después. No sea que vayamos de Guatemala a Guatepeor. A mí que España se convierta en una República no me parece mal, pero lo que no me gustaría es que hubiera como Jefe de Estado un Presidente de la República de España, figura diferente de la de Presidente del gobierno. Más que nada porque de ahí a diseñar dos elecciones diferentes hay un paso, con todos los costes añadidos que eso comportaría (el 20-N valió 124 millones de euros al Estado, sin contar el invertido de forma "privada" por cada partido, que es incalculable). Nada que objetar si la elección de un presidente de la República no costara ni un euro más. Y nada que objetar de igual modo si en un referéndum la monarquía resultara ganadora. Que me gustara o no sería otro cantar. Creo con bastante seguridad que a día de hoy la monarquía superaría de calle un referéndum. Aún así, ¿por qué no legitimarla en las urnas sea o no condenado Urdangarín?